¿Qué
esconde el veto de Manuel Menéndez a la representante de Gijón?
Continúa
el saqueo: algo huele a podrido en la Fundación Bancaria Cajastur
El proceso de
liquidación y privatización de Cajastur es la historia de la utilización de lo
que era, por más de 130 años, patrimonio de todos los asturianos en beneficio
de los grupos de poderes fácticos, desde las cloacas de la política y el
sindicalismo del régimen hasta las familias de la más rancia oligarquía
regional, pasando por los fondos buitres que, como su nombre indican, acuden a
la carroña resultante de la nefasta gestión de unos directivos que, a pesar de
los pesares y contra toda lógica, siguen atornillados a sus inmerecidos cargos,
a sus obscenos salarios y a su intolerable y patético discurso acerca de la
profesionalidad, apoliticismo y austeridad de su labor.
La historia del ascenso
profesional y social del actual consejero delegado de Liberbank (aupado a
presidente de Cajastur por un personaje como José Ángel Fernández Villa,
antiguo mandamás del SOMA y del PSOE, al que, ahora, todos aquellos que hacían
cola para besarle las nalgas niegan haber siquiera conocido) es el relato una
insólita acumulación de poder, posible sólo gracias al avanzado estado de
podredumbre de la vida política y económica de Asturias, donde unos y otros se
ponían de acuerdo para saquear lo público en beneficio propio.
Esta escalada, sin
reparar en medios ni en escrúpulos, ha ido acompañada por el férreo control de
todos aquellos organismos que pudieran plantear algún tipo de inconveniente
legal en el proceso de acumulación de poder (y del dinero resultante del
ejercicio de dicho poder). Sirvan como ejemplo el vergonzoso espectáculo de los
órganos de dirección de Cajastur (salvo muy contadas excepciones) convertidos
en un club de fans del entonces presidente de la entidad, la vomitiva sumisión
(nada desinteresada, obviamente) del parlamento y del gobierno asturiano en el
que PSOE y PP competían en servilismo y desvergüenza a la hora de aplaudir las
decisiones del mismo y los publirreportajes (a tanto el halago) acerca de sus
excelsas virtudes profesionales y personales con las que el periodismo
sobrecogedor nos obsequiaba de forma recurrente.
De todo lo que
denunciamos acerca de lo que pasaba, y de lo que iba a pasar, en nuestra caja
(en la más absoluta soledad en muchas ocasiones) puede hacerse un repaso
releyendo algunas de numerosas circulares que publicamos y que figuran en
nuestro blog. Decir lo que todos callaban no nos salió gratis, pero
consideramos que el sindicalismo no puede permanecer callado ante los
atropellos y las injusticias y en esa tesitura seguimos.
A raíz de todos los
desastres ocurridos en los últimos años y de las modificaciones legales que
acompañaron al monumental atraco que supuso la privatización de las Cajas y
teniendo en cuenta que el papel del consejo de administración de Liberbank se
reduce a aprobar todas y cada una de las decisiones del consejero delegado (así,
levantando la manita disciplinadamente, se ganan más de 100.000 euros al año
los mismos personajes que aprueban recortes brutales y fraudulentos a los
trabajadores), los únicos órganos que desde la estructura interna de la entidad
pueden y deben ejercer el control sobre la gestión de dicho consejero delegado
son las Fundaciones Bancarias, herederas de las antiguas cajas y teóricas
defensoras de los intereses de dichas entidades que, después de muchas
peripecias que esperamos que algún día investigue la justicia, dieron lugar a
la formación de Liberbank.
En el caso de la
Fundación Bancaria Cajastur (propietaria del 30% de las acciones del banco), el
inexplicable (o no tanto) afán de control por parte del consejero delegado de
Liberbank hizo que agotase todos los plazos para estar al frente de dicha
fundación mientras le fue posible y que introdujese en ella, junto a personas
de una valía y un prestigio admirable a los que usar como escudo de sus
decisiones y sus intereses personales, a un reducido grupo de individuos que,
ya como empleados o ya como miembros en su momento de la asamblea general de la
Caja habían demostrado el suficiente grado de sumisión.
En noviembre de 2016, el
ayuntamiento de Gijón, entidad fundadora de Cajastur, eligió como representante
de la ciudad en la fundación bancaria Cajastur a una abogada con una amplia y
reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores. Entre
otros conflictos laborales, nos representó a los trabajadores de
Cajastur/Liberbank como abogada de la CSI, presentando las demandas que
permitieron tumbar el primer ERE fraudulento y (a reserva de la decisión final
del Tribunal Supremo) las medidas unilaterales igualmente fraudulentas
impuestas por la dirección previamente a la firma del ERE posteriormente
anulado con CCOO y UGT.
Una semana después, el
parlamento asturiano, heredero de los derechos como entidad fundadora de la
extinta diputación provincial, elige a su representante en la misma fundación,
para sustituir a Manuel Menéndez que, por imperativo legal (a la fuerza,
ahorcan) tuvo que dimitir como presidente de dicha fundación, dando fin al
esperpento de compatibilizar su cargo en Liberbank con la dirección del órgano
que, en defensa de los intereses de Asturias, debía controlar su gestión.
El candidato elegido por el
parlamento asturiano contaba entre sus múltiples méritos profusamente
divulgados por sus valedores haber
sido vocal en la Fundación Hidrocantábrico-EdP bajo la presidencia del
actual consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. A buen
entendedor….
Otro de los méritos del
elegido que, seguramente por descuido o por modestia propia, para no
apabullarnos a los pelones de a pie, se olvidaron de hacer público es que el
representante del principado en la fundación Bancaria Cajastur había sido miembro del consejo consultivo
de Sagardoy Abogados, el gabinete de los ERES fraudulentos de Liberbank.
Mientras
que el exmiembro del consejo consultivo de Sagardoy Abogados fue incorporado de
manera inmediata al Patronato de la Fundación Bancaria Cajastur, la abogada que
peleó contra los ERES fraudulentos de Liberbank no ha podido tomar posesión de
su cargo ya que la fundación se niega a reconocer ese nombramiento.
Obviamente, ese veto de
la fundación bancaria Cajastur al legítimo derecho de la representante de Gijón
es fruto de las órdenes directas de Manuel Menéndez, ejecutadas por quienes el
mismo Menéndez ha puesto en dicha fundación para controlarla y para evitar que
alguien, en cumplimiento de su obligación y en defensa de los intereses de los
ciudadanos y no de los grupos de poder que se están beneficiando del saqueo de
Cajastur, pueda plantear algún inconveniente en los propósitos de quien hasta
ahora, ha hecho y deshecho en Cajastur y en Liberbank sin ningún tipo de
oposición interna.
Ante esta nueva tropelía,
nos planteamos las siguientes preguntas:
¿Por
qué Manuel Menéndez veta a la representante de Gijón en la Fundación Bancaria
Cajastur? ¿Qué teme? ¿Qué esconde? ¿Qué no quiere que se pueda saber?¿Necesita
más complicidades absolutas para negociar la venta de Liberbank sin tener en
cuenta los intereses de Asturias o para imponer nuevos recortes a los
trabajadores?
¿Defender
la legalidad y los derechos de los trabajadores es motivo de veto para
pertenecer a la Fundación Bancaria Cajastur y las relaciones con el gabinete de
abogados que defendió la ilegalidad y el atropello a los trabajadores en los
ERES fraudulentos de Liberbank no lo es?
Después de todo lo que
hemos visto y padecido ¿Va a tener más
poder un producto de la peor política asturiana devenido en banquero privado
después de su nefasta gestión en Cajastur que los ciudadanos de Asturias y más
en concreto, que los ciudadanos de Gijón?
A
ti, qué te parece?
A
nosotros, lo mismo
Seguiremos informando
4 de mayo de 2017
P.D.: otra pregunta
pertinente:
¿Por qué el representante
del Principado (o mejor dicho, de los intereses de Manuel Menéndez y Sagardoy
Abogados) en la Fundación Bancaria Cajastur ha rehusado por dos veces (una por
supuestos problemas de agenda y otra por supuestos problemas de salud) su
obligada comparecencia en el parlamento asturiano para explicar su actuación en
el veto a la representante de Gijón?