El miércoles próximo, 22 de septiembre, tendrá lugar la reunión convocada por la dirección de Unicaja (a la que, al final, también hemos sido convocados) con la Representación Legal de los Trabajadores de la entidad “para iniciar el procedimiento de despido colectivo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como el traslado colectivo y modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.
Con esta reunión da comienzo el proceso negociador del ERE que pretende implantar la dirección y que consta de dos partes:
Un primer periodo de negociación, con una duración máxima de 15 días, según lo contemplado en el Convenio Colectivo de Cajas y Entidades de Ahorro, para buscar fórmulas que permitan minimizar el impacto en el volumen de empleo.
Un segundo periodo, a continuación, según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, que tendrá una duración no superior a 30 días.
En ambos casos, no es necesario agotar dichos períodos si se alcanza un acuerdo o si las partes dan por finalizado dicho período sin posibilidad de llegar a un acuerdo.
Más allá de calendarios y requisitos formales, la cuestión de fondo que hay que plantearse es la necesidad (o no) de un ERE después de la absorción de Liberbank por parte de Unicaja.
La lógica nos dice que si la absorción es una operación racionalmente planteada no puede supeditar el futuro de la entidad resultante a los despidos masivos, más aún cuando la prensa económica (obviamente, a instancias de la dirección) anuncia que Unicaja cumplirá su compromiso de repartir el 50% del beneficio como dividendo, tanto en 2022 como en 2023 y estima en 350 millones de euros los dividendos a pagar en tres años.
Aunque quienes procedemos de Liberbank estamos hartos de ese tipo de cinismo que supone la utilización de doble contabilidad (o triple, si es necesario) para justificar todo tipo de atropellos, consideramos que lo ocurrido con el último ERE fraudulento que, por primera vez desde 2013 no contó con el apoyo de la mayoría sindical y que fue anulado por los tribunales (al igual que el primer ERE fraudulento, que contaba con esa mayoría sindical abajofirmante y que, aun así conseguimos anular en los tribunales, al igual que las medidas unilaterales adoptadas previamente a la firma de ese primer ERE fraudulento), cierra un ciclo de complicidad sindical (cuyos motivos últimos sería bueno conocer) que no puede repetirse.
Teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos procesos similares en el sector, puede suceder que la negociación no sea nada sencilla y que los trabajadores debamos movilizarnos para evitar que, una vez más, se pretenda saquearnos para llenar los bolsillos de los accionistas.
Por eso, y a la espera de la propuesta de la dirección, consideramos que no está de más trasladar a todos los compañeros la idea de que, en todo caso, el ERE le conviene a la dirección, pero no es en absoluto inevitable y que, en todo caso, las medidas a tomar deben ser de adscripción voluntaria para los trabajadores afectados y sin que supongan ningún tipo de recortes para quienes continúen trabajando en la entidad.
Seguiremos informando.
16 de septiembre de 2021
P.D.: próxima circular: “Intereses de demora del último ERE fraudulento anulado por los tribunales: otro pufo más fruto de la nefasta gestión del actual Consejero Delegado de Unicaja”