PACTO CON DOLOR (1)
Una vez constatado que los sindicatos del régimen no van a rebajarse a dar explicaciones, admitir consultas y/o contrastar críticas acerca de su actuación en todo este proceso mediante el que han rubricado todas y cada una las pretensiones de la patronal para acometer la reconversión/achatarramiento/privatización de nuestra caja, planteamos una serie de cuestiones que consideramos fundamentales a la hora de valorar el nivel de deterioro de nuestra situación laboral a la que nos va a llevar este infumable acuerdo directivo/sindical.
Una de las estrategias conjuntas de sindicatos firmantes y patronal privatizadora consiste en centrar el debate en las prejubilaciones, intentando que pase desapercibido el mayor atropello a los trabajadores contenido en el texto del acuerdo. En nuestra opinión, la modificación de condiciones sustanciales de trabajo que amplia el límite de traslado digital decidido unilateralmente por la dirección, sin tener que someterse a ningún tipo de criterio subjetivo, desde los 25 Km. actuales hasta la totalidad del territorio nacional supone un retroceso de tremendas dimensiones en nuestros derechos laborales.
Para nadie que trabaje en nuestra Caja es un secreto que la utilización por parte de la dirección de la potestad en materia de movilidad geográfica y funcional que ya en su momento habían aprobado las mismas cúpulas sindicales (a las que estas medidas ni les afectaron ni les van a afectar, obviamente) no ha tenido nada que ver con necesidades del servicio ni con la promoción profesional de los trabajadores afectados, más bien al contrario, ha constituido una herramienta fundamental en la política de amedrentamiento y represión que venimos padeciendo en los últimos años.
Evidentemente, esta desaforada ampliación del límite del traslado que arbitrariamente decide la dirección, sin que exista ningún baremo objetivo que el trabajador afectado pueda invocar para posibles reclamaciones o para exigir el derecho de retorno en su momento, deja sin efecto tanto la voluntariedad de las prejubilaciones, como de las bajas incentivadas, como de cualquier modificación de nuestra situación laboral.
Ante la alternativa de ser trasladado a cientos de kilómetros del puesto actual, con todas las repercusiones en la vida personal y familiar que eso supone, ¿Qué posibilidades tenemos los trabajadores de decir no a cualquier imposición?
¿A cambio de qué le dieron los sindicatos firmantes esta nueva arma de represión masiva (por si ya tuviera pocas) a la dirección?
¿O también los engañaron, como en el Curioso Caso de las Garantías de Retorno a la Entidad de Origen?
Preguntas estas que, creemos, deberían tener una contestación.
¿Qué Opinas tú?
05 de Enero de 2011