09 mayo 2017

El 21 de junio, el Tribunal Supremo dictaminará sobre las medidas unilaterales previas al primer ERE fraudulento



El 21 de junio, el Tribunal Supremo dictaminará sobre las medidas unilaterales previas al primer ERE fraudulento

La sala de lo Social del Tribunal Supremo ha notificado que el día 21 de junio se reunirá para dictar sentencia acerca del recurso de casación presentado por Liberbank contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba las medidas unilaterales implantadas por la empresa previamente al primer ERE fraudulento firmado por CCOO y UGT.

En su momento, la Audiencia Nacional dio la razón a CSI, CSICA y STC, sindicatos que manteníamos que dichas medidas unilaterales eran ilegales, entre otras razones, al haberse negado la dirección de Liberbank a entregar la información solicitada por los sindicatos demandantes durante el proceso de negociación, lo que es causa de nulidad de dichas medidas.

El recurso presentado por la dirección de Liberbank consiste en una lamentable pataleta contra nuestro sindicato (cosa que nos llena de orgullo y satisfacción), alegando que:

"Las cuentas provisionales del primer trimestre de 2013 fueron solicitadas en la reunión del 30 de abril de 2013 por el sindicato CSI. Lo recoge la sentencia con el siguiente tenor literal: En dicha reunión este sindicato manifestó que no se había aportado el balance de situación de la empresa y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al cierre del ejercicio del primer trimestre de 2013….”

 “No hay petición de tal documentación por ningún otro sindicato durante el periodo de consultas. El sindicato CSI, que solicita las cuentas correspondientes al primer trimestre, tiene una representación de un miembro de los trece que componen la Comisión Negociadora en la parte social y una representatividad en el conjunto de la empresa del 3,32%”

“Únicamente un sindicato, con un representante en la comisión y un 3,32% de representatividad en la empresa, solicitó dichas cuentas del primer trimestre de 2013”

“Tampoco explica la sentencia cómo la aportación de un documento pedido por quien ostente la representación del 3% en la comisión negociadora contribuiría a alcanzar un acuerdo cuando el resto de la misma, el 97%, no formula solicitud alguna ni expresa contrariedad con el hecho de que no estuvieran disponibles todavía las cuentas definitivas correspondientes al primer trimestre del 2013”

En marzo de este año, la Fiscalía del Tribunal Supremo emitió el preceptivo informe acerca del recurso presentado por la dirección de Liberbank, considerándolo improcedente.

Si se confirmara el fallo de la Audiencia Nacional y ganásemos los buenos, tendrían que devolvernos a los trabajadores el importe de lo descontado en base a estas medidas ilegales y al primer ERE fraudulento: 70 millones de euros.

Es mucho dinero, pero puesto en perspectiva, no llega a dos veces lo que pagamos por la finca de La Talá, una hermosa finca al lado del mar en Llanes que, una vez desinflado el pelotazo urbanístico previsto, sólo vale para plantar cebollinos.

Teniendo en cuenta la cantidad de pufos como este que se camuflaron en el Banco Malo aprovechando la disculpa de la crisis, resulta patético que algunos sindicalistas del régimen anden llorando por las esquinas ante la posibilidad de que, según ellos, provoquemos el hundimiento de la entidad por haber conseguido que nos devuelvan el dinero que entre la dirección y dichos sindicatos nos estafaron ilegalmente.

Esta sentencia demuestra, una vez más, que la nefasta gestión de Manuel Menéndez al frente de Liberbank se basa en actuaciones contrarias a cualquier ética profesional y que tanto el Consejero Delegado de la entidad como los demás miembros de la alta dirección y los sindicatos del régimen han sido cómplices de un monumental fraude a los trabajadores que forma parte de un expolio mucho mayor: la privatización/liquidación de Cajastur.

Igualmente, lo sucedido en Liberbank es un ejemplo de las consecuencias de la corrupta y genocida reforma laboral del PP: las empresas pueden aplicar los recortes y los despidos de manera inmediata, mientras que los trabajadores debemos estar años en los tribunales para conseguir anular estos recortes, sin que los ejecutivos y los sindicalistas que firman dichos recortes ilegales sufran ninguna consecuencia.

Seguiremos informando.

9 de mayo de 2017