09 noviembre 2010

Contra la Privatización de Cajastur
Justicia Ciega
(o por lo menos, ligeramente estrábica)
Como informamos en su momento, desde la Corriente hemos llevado a cabo varias iniciativas en el terreno judicial contra la constitución del SIP a través de un banco privado.
Consideramos en su momento (y lo seguimos considerando con más convencimiento ahora) que las Cajas tienen herramientas de sobra mediante acuerdos, alianzas o fusiones para afrontar la situación de crisis a la que, recordamos de nuevo, nos llevó un modelo de gestión implementado por quienes ahora van a dirigir la nueva entidad resultante del citado SIP, con lo que se demuestra que la posibilidad de ser cesado si no cumples objetivos sólo está vigente en el caso de que seas director/subdirector/gestor, ya que a partir de cierto nivel, esa desafortunada posibilidad ya no se cumple. (¿Has visto a algún presidente, director general y/o equivalente en la cola del INEM por muy nefasta que haya sido su actuación? ¿Por qué será?)
Por lo tanto, pensábamos y seguimos pensando (ingenuos de nosotros) que, por mucho que se empeñen privatizadores, privatizantes, cómplices y beneficiarios de la privatización, no puede ser legal que entidades como las Cajas pasen, ayudas públicas y reconversión mediante, a manos del sector privado, más aún en unos momentos en que son más necesarias que nunca cómo entidades financieras dirigidas al interés común y no al beneficio de un pequeño grupo de privilegiados.
Este sábado, la prensa del Régimen informaba, con su habitual objetividad, sobre la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a una de las demandas de la CSI contra la privatización de nuestra Caja. Curiosamente, a día de hoy, los demandantes (nosotros mismos) todavía no hemos recibido esa resolución del TSJA que convenientemente tuneada aparece en los medios de comunicación adictos.
A la espera de recibir (un mes de estos) la citada resolución para pronunciarnos adecuadamente sobre ella, no podemos dejar de señalar alguno de los párrafos que resalta la prensa independiente:
Según el TJSA, “la eventual existencia de incidencia en la esfera de los derechos de los trabajadores, que en su caso pudieran verse afectados, es absolutamente hipotética y pro futuro”
Lejos de nuestra intención enzarzarnos en disquisiciones jurídicas, pero desde nuestra humilde condición de trabajadores de la Caja, sin toga ni birrete, nos hacemos la siguiente reflexión:
Dado que ya en junio, al solicitar las ayudas del FROB (1.493 millones de euros), las entidades participantes en el SIP se comprometieron a un recorte en los gastos de personal en torno al 12% y que, a fecha de hoy, cuando faltan menos de 2 meses para que el SIP esté operativo, lo único que sabemos es que, al parecer, “sobran” 2.000 trabajadores y se van a cerrar 400 oficinas, y, a falta de conocer entre otras cosas el impacto de estos cambios en los servicios centrales, los planes de ajuste concretos en las Redes de Expansión y las condiciones de los traslados tanto orgánicos como geográficos,
¿Cabe considerar que la eventual incidencia de todo este proceso privatizador en la esfera de los derechos de los trabajadores que pudieran verse afectados es absolutamente hipotética y pro futuro o podríamos considerar que resulta manifiestamente cierta y pro presente inmediato?
¿Tú que opinas?
Nosotros, imagínate
Seguiremos informando y combatiendo la desinformación.
09 de Noviembre de 2010